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Cien años después, litigar de mala fe todavía cuesta mil pesos
La Orden Ejecutiva de 1919 obliga a señalar la temeridad. La multa no se actualizó. La Ley 834 sí abre la puerta a los daños.
Redacción Ámbar · , 12:50 p. m. · 2 min de lectura
En 1919 un gobierno de ocupación escribió que el juez debía decir si un litigante había actuado con temeridad. Un siglo largo después, la marca de esa declaración sigue siendo una multa de RD$1,000. El país cambió de constitución, de código y de moneda práctica. La cifra de la Orden Ejecutiva 378 no.
El artículo 69 de la Constitución actual promete tutela judicial efectiva y debido proceso. Ese derecho tiene un reverso poco discutido: el de quien entra al tribunal no para que le resuelvan un conflicto, sino para gastar al otro. No es lo mismo defender una tesis difícil, que es legítimo, que repetir una acción ya rechazada para congelar fondos o forzar un acuerdo.
Lo que la ley ya permite, y no usa
La Ley 834 de 1978 autoriza daños y perjuicios contra quien plantea excepciones abusivas con fines dilatorios. La jurisprudencia de la Suprema equipara al dolo el error grosero de quien acciona de mala fe. El mapa jurídico, leído entero, no está vacío. Está desbalanceado: la amonestación es barata y el procedimiento que provoca es caro.
Cuando el litigante es abogado, el desbalance es otro. Conoce el calendario del juzgado y puede ocuparlo. Las declaraciones de temeridad, además, casi nunca viajan solas al órgano disciplinario del gremio. Una salida intermedia, sin inventar un delito nuevo, sería que toda declaración firme contra un abogado se remita de oficio al Colegio, y que la reincidencia pese más que el primer exceso.
Las condenas confirmadas contra Ricardo Antonio Pellerano Paradas sirven aquí de ejemplo, no de excepción moral. Muestran un patrón que la multa de mil pesos no alcanzó a desalentar.