La ONU mantiene hasta marzo de 2027 la fuerza contra las pandillas en Haití

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió prolongar por seis meses el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití. La decisión, recogida en la resolución 2829, permite que el contingente internacional siga operando en el país vecino hasta el 31 de marzo de 2027, en un momento en que apenas dispone de una fracción de los efectivos previstos y la violencia de las bandas armadas no remite.

La votación se resolvió con doce apoyos, ningún voto en contra y tres abstenciones, las de China, Rusia y Pakistán, según la agencia EFE.

Antecedentes

La GSF tiene su origen en la resolución 2793, adoptada por el Consejo el 30 de septiembre de 2025, que autorizó la nueva fuerza por un periodo inicial de doce meses. Aquella decisión supuso la transición desde la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), integrada mayoritariamente por policías kenianos, hacia un esquema con un mandato más ambicioso. Mientras la MSS se había concentrado en respaldar y entrenar a la Policía Nacional de Haití, la GSF quedó facultada para emprender operaciones dirigidas a neutralizar, aislar y disuadir a las pandillas, según el análisis del centro especializado Security Council Report.

Un año después, el despliegue sigue lejos de lo planeado. Las autoridades haitianas, citadas por el periódico 7 Días, sitúan en torno a 1,500 los efectivos presentes en el terreno, frente a los 5,500 autorizados. El Gobierno confía en recibir hasta 4,000 integrantes adicionales en los próximos meses.

El balance humano explica la urgencia: en lo que va de 2026 se atribuyen a las bandas armadas 3,050 muertes y 1,401 personas heridas.

Lo que dispone la resolución

El texto encomienda al secretario general, António Guterres, mantener el apoyo logístico y operativo a la fuerza a través de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) y presentar un informe semestral sobre los progresos alcanzados.

La resolución exige, además, que todas las operaciones se ajusten al derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos. Un apartado específico se ocupa de los menores reclutados por las bandas, para quienes se prevén programas de reinserción, atención psicosocial y acceso a la educación.

Lecturas distintas en el Consejo

El debate dejó ver diferencias de enfoque entre las potencias. Estados Unidos sostuvo que la fuerza ya es una realidad operativa y mencionó acciones que han permitido reabrir vías de comunicación y recuperar territorio. China, en cambio, manifestó dudas sobre la conveniencia de que una fuerza externa sea la respuesta principal a la crisis, y Rusia vinculó los retrasos del despliegue con las dificultades para organizar elecciones.

La delegación haitiana reclamó recursos suficientes y procedimientos administrativos más ágiles para que la misión alcance su capacidad plena. También advirtió que el control militar de una zona no resuelve por sí solo el problema si el Estado no restablece allí los servicios públicos.

Qué sigue

En Puerto Príncipe, el Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que había pedido la continuidad de la fuerza en su intervención ante la Asamblea General, valoró la prórroga como un paso relevante en el esfuerzo por recuperar la seguridad.

El nuevo plazo funcionará como una prueba. Antes de que expire, el Consejo tendrá que pronunciarse de nuevo y lo hará con datos concretos: si llegaron los refuerzos anunciados y si las operaciones consiguieron resultados sostenibles. Para República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española y una frontera terrestre, la evolución de esa misión es una cuestión de interés directo, más aún en un periodo en el que el país vecino intenta encaminar un proceso electoral.